Yo no sé si este será un post educativo.
Aunque, posiblemente, sí que sea un post de aprendizaje.
¿Habrá alguna vez una educación para el consumo? ¿Quizás esté en la cacareada Educación para la Ciudadanía? ¿Nos enseñará alguien a tratar con las grandes compañías? ¿A reclamar sin problemas lo que marca la ley?
No creo que interese.
Porque resulta que se supone que vivimos en un estado de derecho (lo pondré con minúsculas porque no creo ahora mismo que merezca excesivo respeto) y todos deberíamos cumplir las leyes.
Pero si una gran compañía (llámese iberia, telefónica, ono, endesa, bbva, banco de santander,…) o una administración (llámese gobierno, gobierno autonómico, ayuntamiento, concejalía, juzgado…) incumple una norma, o abusa de su situación de poder, usted deberá reclamar.
Reclamar. Volver a clamar. Volver a balar. Volverá usted a pasar por un estudiado y largo proceso de escritos, de fotocopias, de duplicados, de colas, en departamentos distintos, ventanillas distintas, de proceso indeterminado, sin plazos, cuya respuesta será tan aleatoria como mirar al cielo para prevenir la lluvia.
Porque no crea que, si debe reclamar a varias compañías, podrá ir a un sólo lugar a hacerlo. No. Cada una será un caso distinto, tendrá sus propios procesos, impresos y departamentos responsables. Tendrán sus registros en diferentes lugares de la ciudad. Aunque siempre podrá hacerlo por correo o Internet. Y esperar. Claro.
Le dirán seguramente que existen asociaciones de consumidores. Miles. Con sus propios mostradores e impresos de reclamaciones. Allí, con trato amable, como antes hicieron en las oficinas oficiales, le informarán de los pasos a seguir, y posiblemente saldrá de allí con una suscripción mensual y… un impreso para presentar en el juzgado.
Porque, como ustedes sabrán, en un estado de derecho, siempre nos quedará el juzgado. Ese edificio lejano donde dejaremos, si llegamos, nuestra reclamación, esperando que alguien, algún día, la lea, la tramite, y la archive, como las de tantos miles.
Eso sí, si usted es presidente de banco, de una empresa minera, propietario de algún edificio singular, o representante del clero, nuestros presidentes y alcaldes se reunirán con usted, le harán pingües ofertas, y los juzgados, con presteza y prontitud, le asignarán indemnizaciones millonarias. Todo sea por el estado de derecho.
Eso sí, después de poner ellos las normas, cambiarlas a su antojo, y no cumplir las leyes, no se preocupen, que «la culpa es de los consumidores, que no consumen suficiente».